La Policía judicial regresa al Ayuntamiento de Getafe

Tres personas, una técnico de Obras del Ayuntamiento de Getafe y dos técnicos de GISA, se encuentran prestando declaración en los juzgados de Getafe después de haber sido requeridos por la Policía judicial, que se ha personado en el edificio consistorial y también en la oficinas de la empresa municipal. En estas dependencias ha incautado un disco duro.

Estas actuaciones parece que están enmarcadas dentro de la investigación que se está desarrollando sobre la adjudicación del proyecto del teatro de la calle Madrid, que sigue bajo secreto de sumario. También se ha ampliado la investigación a las obras de remodelación desarrolladas en la tercera planta del Ayuntamiento.

Además de los técnicos, se ha detenido a dos personas de una de las empresas vinculadas a la trama.

El caso del Teatro Madrid

La investigación de este caso, que se está desarrollando en el juzgado de primera instancia, número 4 de Getafe, está bajo secreto de sumario. La querella, presentada por Roberto Benítez, señalaba a tres concejales del anterior Gobierno popular por unos presuntos delitos de prevaricación en la adjudicación del proyecto del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas, el conocido como CMC o Teatro Madrid, situado en el número 54 de esta vía.

Ya en el mes de noviembre el juzgado requirió más información al Ayuntamiento relativa a expedientes sobre este caso que llegó a los juzgados en abril de 2015. Se ponía la mirada sobre la encomienda de gestión que el Consistorio delegó en la empresa municipal GISA, con mayor margen de maniobra para eludir protocolos de la administración pública y sin estar supeditada a la Mesa de Contratación o la Intervención municipal.

En la querella presentada se ponía el foco sobre Juan Soler, entonces alcalde del municipio; Paz Álvarez que llevaba la cartera de Urbanismo; y Fernando Lázaro, responsable de Hacienda y también de GISA. Además se señalaba a la ex gerente de GISA, María Luisa Gil y la responsable de la asesoría jurídica, Juana Álvaro. Todos ellos serían responsables de un presunto delito de prevaricación.

Una adjudicación irregular

GETAFE CAPITAL ya advirtió en 2013 de las irregularidades que se habían producido en la adjudicación de este proyecto que había de convertirse en el emblema del Gobierno de Juan Soler y también en su mayor fiasco ya que ahora mismo la obra se encuentra paralizada precisamente por errores básicos del proyecto que se realizó, que no contemplaba insonorización, salidas de emergencia, entre otras muchas deficiencias.

Nació con prisas y con irregularidades. El proyecto se encarga a la empresa municipal GISA para de esta forma agilizar trámites de la administración pública. Y GISA fue quien eligió el modelo de contratación: un negociado sin publicidad. La cuantía de este proyecto se cifra en 70.998,59 euros (IVA incluido). El mínimo de empresas que deben ser invitadas a un negociado sin publicidad son tres. Y ahí comienza la trama rocambolesca. La primera plica que se presenta corresponde a Vegas Arquitectura SL, empresa que se constituye un mes antes de presentarse al concurso y que forman Julián Vegas (que había sido trabajador de un implicado en la trama Gürtel, Leopoldo Arnáiz) y su esposa. Ninguno de los dos está colegiado como arquitecto.

Es precisamente su mujer la que presenta la segunda plica, que irá a nombre de la empresa de Juan Cabañas y que no aporta la documentación mínima para poder ser tenida en cuenta. La tercera empresa invitada es Espacio 2006 SL. La documentación de esta plica la entrega en el Ayuntamiento la misma persona que figura como tomador del seguro de Vegas Arquitectura, con la curiosidad de que esta oferta no adjuntaba seguro. Ante el incumplimiento de la documentación mínima del resto, Vegas Arquitectura es la adjudicataria, a pesar de que incumple puntos del propio pliego de condiciones como el noveno epígrafe en el que se expresaba explícitamente que “el contratista no podrá concertar con terceros la ejecución total o parcial del contrato”, además de especificar que la adjudicataria debía contar con un arquitecto para la redacción del proyecto y un arquitecto técnico o un ingeniero técnico para el estudio, con una experiencia mínima de 5 años. De la arquitecta que firma el proyecto final no se adjunta ningún tipo de contrato con Vegas Arquitectura SL.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por parte del PSOE, entonces en la oposición, pero tras reclamar documentación al Ayuntamiento el caso no fue más allá. Roberto Benítez presentó una querella por prevaricación en el mes de abril de 2015, en la que además de la redacción del proyecto básico se señalaba que la misma empresa había sido contratada para el derribo del edificio existente, en lo que, según su denuncia, puede considerarse fraccionamiento de contratos. La suma de ambos se aproximaba a los 120.000 euros, que hubiera obligado a realizar un procedimiento abierto.

La querella fue admitida a trámite y señalaba como responsables de un presunto delito de prevaricación al entonces alcalde Juan Soler-Espiauba, a Paz Álvarez, concejal de Urbanismo, Fernando Lázaro, concejal de Hacienda, María Luisa Gil Madrigal, que asumía la gerencia de GISA y a Juana Álvaro, responsable del área jurídica de GISA.