El Tribunal de Cuentas investiga los pluses en LYMA

Días antes de producirse el cambio de Gobierno, hace algo más de un año, Federico Zarza, entonces gerente de la entidad, así como la exdirectora de Recursos Humanos, J.V. y la exdirectora de Comunicación y Atención Ciudadana, Mónica Labrador, se autoimpusieron pluses de disponibilidad que despúes reclamaron con efectos retroactivos. Tras la denuncia que planteó, ya con el nuevo Gobierno del PSOE, la empresa pública Limpieza y Medioambiente, ahora es el Tribunal de Cuentas el que reclama la documentación correspondiente a este caso. LYMA señaló también al exalcalde Juan Soler y su concejal de Limpieza, Jesús Burranchón, «por conocedores y consentidores» de estos hechos.

Se han solicitado los acuerdos del consejo de administración que se hubieran adoptado para autorizar dicho incremento en la nómina del 35% de disponibilidad, para la delegación de competencias que justificaran ordenan el referido plus de disponibilidad, así como aquellos otros acuerdos que fundamenten o permitan la atribución de los pluses. El Tribunal de Cuentas también ha solicitado los contratos de las tres personas implicadas.

El antiguo gerente se autoimpuso un plus de disponibilidad de 1.466 euros mensuales y ambas directoras de 1.166 euros al mes, además del sueldo. Los tres antiguos empleados de LYMA exigieron también a la empresa que estos pluses de disponibilidad se les abonasen con carácter retroactivo, desde el inicio de sus contratos.

Se da la circunstancia de que en mayo de 2012, la propia exdirectora de Recursos Humanos, J.V., elaboró un documento en el que informaba sobre los supuestos apuros económicos de la empresa pública LYMA, lo que suponía bajo su criterio la aplicación de una reducción de costes. Para ello propuso la supresión del plus de disponibilidad de los 49 trabajadores que lo venían percibiendo por la necesidad de sus funciones. Después vendría el aumento exponencial de la plantilla, que supuso un sobrecoste cifrado en un millón de euros anual en personal directivo y administrativo con departamentos que eran incluso más numerosos que los propios trabajadores que tenían a cargo.

Dos sentencias en contra de la gestión

Tras la llegada del actual Gobierno Municipal se procedió a la reorganización de la empresa, por «los problemas presupuestarios que generaba, una acción que se ha resuelto ya como acertada por dos sentencias judiciales como consecuencia de estos despidos«, aseguran desde el Consistorio. En una de las sentencias se asegura que “la decisión de la empresa de reorganización/reestructuración de las direcciones que integraban LYMA, ajustar la plantilla a las necesidades reales de los servicios prestados para racionalizar el gasto se presenta como una acción acertada”.

En otra de las sentencias también se determina que “no se ha acreditado vulneración de derechos fundamentales por discriminación ideológica” puesto que la extinción de estos contratos “viene motivada por el sobredimensionamiento de la plantilla que provocaba un aumento considerable del gasto de personal en relación con la actividad desarrollada por la empresa, tanto desde el punto de vista económico como organizativo”.