«No podrán reclamar las VPPL anteriores a 2013»

Ha sido la primera sentencia en Getafe que le daba la razón a un vecino al que denegaron la bonificación del IBI por tener una vivienda protegida de precio limitado (VPPL). Luis Alfonso Zarza es poseedor de un piso en Buenavista, que firmó en 2012, y tras recibir la primera notificación de que no iba a tener bonificación (50%) por no considerarse su vivienda como protegida dentro de la regulación de la Comunidad de Madrid, decidió emprender acciones legales. «Cada comunidad lo regula de forma diferente y en este caso hay reglamentos que explican que deben considerarse dentro como tales aquellas viviendas que indistintamente que sean VPPB o VPPL, tengan menos de 150 metros cuadrados», explicaba Zarza a los micrófonos de Getafe Radio.

Expuso su argumentario ante el Ayuntamiento que rechazó su recurso de reposición («Es importante que esté bien argumentado porque es lo que se va a trasladar después al juzgado para reclamarlo», puntualiza) y una vez desestimado decidió emprender el camino legal. Dos años y ocho meses después un juez le ha dado la razón. Cobrará algo más de 700 euros, más los intereses, más las costas que el juez ha fijado en 300 euros. «No crea jurisprudencia, únicamente es aplicable a mi caso», pero está convencido de que otros vecinos pueden seguir sus pasos.

Plazos al límite

Muchas de las viviendas de Los Molinos y Buenavista se quedarán fuera de esta bonificación ya que los plazos son estrictos. «Aquellas viviendas que recibieron la calificación de vivienda protegida antes de 2013 ya no podrían reclamar». Sí estarían en plazo aquellas de 2013 que ahora hayan solicitado la bonificación. «Hay un mes para reclamar por la vía administrativa al Ayuntamiento y luego dos meses para iniciar la vía judicial», explica Zarza.

El cálculo es que una promoción en Buenavista y otras cinco en Los Molinos estarían aún en plazo para iniciar este procedimiento que les permitiría recuperar lo pagado de más, no solo en el año corriente, sino también los años anteriores: más de 800 viviendas. El bufete de abogados de Zarza ha establecido un precio de 175 euros para este procedimiento, y planean agrupar demandantes.

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