La instrucción ha finalizado y el juez ha determinado abrir juicio oral por un delito de prevaricación contra la que fuera gerente de GISA en la época de Juan Soler, Marisa Gil y también contra Juana Álvaro por las irregularidades cometidas en el concurso abierto para la selección de un abogado para la empresa municipal en 2014. El fiscal, que ya ha presentado su escrito de acusación, pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para Marisa Gil, mientras que la acusación particular amplía a diez su petición, además de sumar una multa de seis meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos años. En esta petición incluye también a la directora de recursos humanos de la empresa, Juana Álvaro.
El caso se originó por la turbia contratación (y posterior despido por no superar el periodo de prueba) de dos trabajadores a través de un concurso abierto que generó múltiples dudas y sospechas. Uno de los abogados contratados por la empresa municipal Getafe Iniciativas, Alberto Ganga, interpuso una querella en la que exponía sus sospechas de que se hubiera incurrido en los delitos de malversación y prevaricación, aunque solo se estimó este último delito
El concurso público que se abrió en el mes de junio de 2014 se formalizó con los criterios de libre concurrencia, publicidad y transparencia para cubrir una sola plaza en la que se pedía el perfil de un abogado en ejercicio para cubrir el puesto. El aspirante que tuvo mejor resultado resultó ser Alberto Ganga, mientras en segundo lugar quedó José María Barahona. «La acusada Marisa Gil, para lograr su próposito e contratarle, trató en primer lugar de anular dicha convocatoria, contando con un informe jurídico firmado, a su instancia, por Juana Álvaro», explica el fiscal en su escrito de acusación.
No consiguió su propósito y en el mes de septiembre se modificaron las bases del anterior proceso de selección para ampliar las plazas de una a dos. «Dicha plaza la amplió sin sacar un anuncio en los medios de comunicación/boletines y conculcando los principios de libre concurrencia y transparencia, sin solicitar un perfil determinado para el puesto que se necesita […] sin elaborar unas bases y procedimiento para la contratación, sind ar cuenta a la representación sidical con el tiempo necesario para presentar propuestas de modificación y sin establecer el correspondiente órgano de selección».
Además, insite el fiscal, «la acusada amplió dicha plaza a sabiendas de no existir dotación presupuestaria». Marisa Gil consiguió el nombramiento de Barahona «a sabiendas de que no cumplía el primero de los requisitos específicos que ella misma había exigido», ya que no era abogado en ejercicio en el momento del concurso.
Solo resta que el juzgado de lo Penal determine la fecha de juicio. El juez ha pedido también que se aporte la hoja histórico penal de la acusada Marisa Gil, que está inmersa en otros procedimientos judiciales. Hace una semana se sentó en el banquillo acusada de acoso por el que era adjunto de GISA. Aún no se conoce la sentencia.