El necesario pacto educativo

En los tiempos de cambio político, cuando se acercan nuevas elecciones y se tambalea el partido en el poder, es cuando se ponen sobre la mesa de forma recurrente diversos aspectos de la vida social y política. Desde hace tiempo esto sucede con la educación y las políticas educativas. Y más en concreto con la necesidad de un pacto o acuerdo educativo que dé cierta estabilidad al marco legislativo en el que se desarrollan las normativas que lo regulan. Porque en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en los países de nuestro entorno, cada cambio de partido político en el poder tenemos un cambio de ley de educación. En el periodo democrático actual tenemos ya siete leyes orgánicas educativas que han llevado a una situación de inestabilidad e incertidumbre constantes en el seno del quehacer educativo en los centros educativos y las aulas de nuestro país.

No voy a entrar a analizar las consecuencias de esta situación. Me voy a centrar más en la necesidad de poner unas bases mínimas que hagan posible un gran acuerdo para un tiempo estable en el ámbito educativo.

Partimos de una realidad reconocida por todos: es necesario abrir un tiempo que nos lleve a un acuerdo político y social sobre la educación en nuestro país que nos saque de los vaivenes e inestabilidades políticas.

En estos momentos se dan dos visiones diferentes sobre lo cómo debe hacerse un pacto educativo.

Una propuesta es la que sostiene que el pacto se ha de hacer entre los partidos políticos mayoritarios. Se entiende que no se ha de consultar a nadie más. O en todo caso se ha de estar asesorados por expertos que ayuden a clarificar determinadas cuestiones sobre las que decidirán los elegidos. En este momento hay algún experto que se ofrece para hacer un libro blanco sobre el pacto educativo que, piensa él, nos salvará a todos de las incertidumbres presentes y futuras. Es un pacto desde arriba y desde fuera del sistema educativo. Hasta ahora el intento más serio de llegar a hacerlo efectivo lo realizó el ministro de educación Ángel Gabilondo en la anterior legislatura. No salió adelante por la cercanía de elecciones al Congreso y la perspectiva de triunfo de uno de los posibles partidos firmantes, que al verse ganador, rompió el acuerdo en ciernes. Esa oportunidad la aprovechó, desde la mayoría absoluta, para hacer una nueva ley educativa, la denostada LOMCE.

Es otra la propuesta que surge de la necesidad de hacer efectiva la democracia con la participación directa de los ciudadanos en los temas públicos. Se propone que, de forma tranquila y dialogada, se desarrolle un debate abierto entre todos los miembros de la comunidad educativa (familias, profesorado y alumnado), los movimientos sociales y educativos, las diferentes organizaciones sindicales y políticas sobre un pacto-acuerdo social y político que lleve a la elaboración de una ley educativa estable y de larga duración. A la vez se reclama por parte de todos, menos del Partido Popular, la derogación de la ley todavía vigente, la LOMCE. Es este el acuerdo necesario que pedimos desde las diferentes organizaciones (dieciocho del ámbito educativo) que, convocados por el Foro de Sevilla, desde hace casi dos años hemos trabajado junto para hacer una propuesta inicial de “Bases para una nueva ley educativa” socialmente acordada y consensuada. En definitiva se está pidiendo que el posible pacto por la educación se desarrolle implicando lo más posible a los ciudadanos y sus organizaciones, desde abajo, más allá de las élites políticas y los intereses económicos a los que con demasiada frecuencia se someten.