Unos días antes del cambio de Gobierno, en junio de 2015, el exgerente de LYMA, Federico Zarza Núñez, así como la exdirectora de Recursos Humanos, J.V. y la exdirectora de Comunicación y Atención Ciudadana, Mónica Labrador, incrementaron en un 35% lo que se les abonaba por su salario base. Este plus de disponibilidad, de 1.466 euros mensuales en el caso de Zarza y de 1.166 euros en el de las directoras, fue además reclamado con efectos retroactivos, desde el inicio de su relación laboral.
La empresa pública LYMA ha decidido interponer una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, para que se investigue la existencia de un posible delito en estas actuaciones, en las que también ha incluido al exalcalde Juan Soler y al antiguo concejal de limpieza Jesús Burranchón, «quienes eran conocedores y consentidores».
Se da la circunstancia de que J.V. elaboró en mayo de 2012, «un documento en el que informaba sobre los supuestos apuros económicos de la empresa pública LYMA, lo que suponía bajo su criterio la aplicación de una reducción de costes. Para ello propuso la supresión del plus de disponibilidad de los 49 trabajadores que lo venían percibiendo por la necesidad de sus funciones, lo que supone una incoherencia», explican fuentes municipales.