Los colegios se rebelan contra el cierre de aulas

La protesta ha comenzado. Ante la decisión de la Consejería de Educación de suprimir dos aulas de 3 años en el CEIP Miguel Hernández y en el Sagrado Corazón, la FAPA, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y las AMPA de los colegios afectados y también del Ciudad de Madrid y del Jorge Guillén, han decidido comenzar las reivindicaciones ante unas decisiones que esconden «el desmantelamiento de la escuela pública». En los últimos años en el municipio se suprimieron tres unidades en 2014 (CEIP Jorge Guillén, Sta. Margarita y Alhóndiga) y otras dos en 2015 (CEIP Ortiz Echagüe y Ciudad de Madrid). «Se trata de colegios públicos no bilingües, alguno preferente de alumnado TEA», algo que consideran que no es casualidad. Por eso se han concentrado esta mañana a las puertas de la Dirección de Área Territorial de Educación en Leganés.

La decisión de suprimir aulas se ha tomado incluso antes de haberse iniciado el proceso de admisión lo que provoca, «que no se respete el derecho de las familias a la libre elección de centro, ya que, al ofertar la mitad de vacantes, las familias, por miedo a no conseguir plaza en su centro de preferencia, eligen otro en primera opción». Y añaden, «esta medida pone en absoluta desventaja y desprotección a colegios con proyectos educativos singulares, pues no nos consta que se dé en centros bilingües o concertados. Podemos constatar que alguno de estos centros acoge alumnado de todas las zonas de la localidad, incluso de otras localidades, además de estar regidos por Zona Única. Se trata de familias que han escogido el colegio por su proyecto educativo», defienden.

Las consecuencias de esta decisión pasan por «el aumento en la ratio por aula del alumnado de tres años, el no poder atender la demanda de familias que soliciten nuestros centros durante el curso o la pérdida de profesorado definitivo y, al final, de apoyo a la etapa». Su reivindicación, por lo tanto es que se «revoque la decisión de supresión de las aulas de Infantil 3 años y que se adopte un Plan de Escolarización de cara al futuro en toda la localidad que garantice la diversidad de proyectos educativos y la libre elección real de centros por parte de las familias, además de exigir que «ningún grupo del municipio supere la ratio máxima permitida de 25 alumnos».