Esta noche serán seis los técnicos, ex altos cargos de GISA y empresarios relacionados con la trama que tendrán que aguardar detenidos a que el juez les tome declaración, algo que previsiblemente se producirá a lo largo del día de mañana. Dos responsables de la Delegación de Urbanismo (C.A. y V.N.) han sido detenidos en el Ayuntamiento, además de la antigua gerente de GISA (M.L.G.), según la información que publica El Mundo, además de tres personas relacionadas con las empresas que se están investigando. Esa ha sido la culminación de una maratoniana jornada en la que la Unidad de Delitos Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha estado registrando la tercera planta del Ayuntamiento de Getafe, reclamando expedientes y revisando ordenadores de la que es la sede de Urbanismo.
Una vez finalizadas las actuaciones judiciales, la alcaldesa Sara Hernández ha manifestado su «profundo rechazo y tristeza porque el buen nombre de Getafe se vea empañado con sucesos de este tipo. Supuestas tramas de corrupción que tienen su origen en la anterior gestión del Partido Popular, del que hoy es portavoz del PP en la oposición y también diputado en la Asamblea de Madrid y senador autonómico por decisión de Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. El Ayuntamiento de Getafe y su Gobierno municipal colaboran en todo momento con la justicia. Deseamos que esto se acabe lo antes posible, que se esclarezcan los hechos y que Getafe sea pronto noticia por cuestiones positivas». Y ha recordado que «cuando era concejala de la oposición el grupo municipal socialista ya denunció estas supuestas irregularidades en Fiscalía».
El grupo popular, por su parte ha emitido un comunicado en el que asegura que «actuó con total transparencia y honestidad durante la anterior legislatura con respecto al proyecto del nuevo teatro de la calle Madrid», y ha derivado la responsabilidad en «técnicos municipales del área de Urbanismo». Matizan que «la Policía no se ha dirigido en ningún momento a ningún concejal o antiguo edil del PP en el Ayuntamiento de Getafe». Y añaden que «la licitación del proyecto del teatro es una cuestión puramente técnica en la que no intervino ningún concejal del anterior Gobierno municipal». La querella que ha motivado esta operación señala en última instancia como responsables al ex alcalde Juan Soler y a dos de sus concejales en el Gobierno: Fernando Lázaro y Paz Álvarez.
Cristina Cifuentes, por su parte, se ha mostrado cautelosa, y ha pedido que se deje actuar a la justicia, pero ha adelantado que si hay políticos implicados se les aplicará el código ético del PP.