Visto para sentencia: los 8 de Airbus se quedan en 6

Después de tres días de declaraciones de testigos, acusados, policías, peritos y visionado de pruebas, el juicio de los 8 de Airbus ha llegado a su fin. La última jornada sin embargo, deparaba algunas sorpresas, ya que antes de iniciar las conclusiones finales, la fiscal ha decidido retirar los cargos contra dos de los 8 sindicalistas acusados: Edgar Martín y Armando Barco quedaban de esta forma libres de toda responsabilidad. Para el resto mantuvo los cargos, pero rebajó las penas, que suman 4,5 años para cada uno de ellos. La fiscal llegó a ofrecer a los acusados penas por debajo de los dos años de prisión si admitían los hechos, pero finalmente decidieron sentarse en el banquillo, «para defender los derechos de los trabajadores».

Finalmente se pide dos años de cárcel por delito contra los derechos de los trabajadores, un año por atentado y 6 meses por cada uno de los delitos de lesiones, que han pasado de ser 4 a 3, por lo que suman 4,5 años para cada acusado.

En su alegato final, la fiscal ha asegurado que «ha quedado suficientemente acreditado que los acusados actuaban de acuerdo, había una coincidencia de voluntades entre ellos». Y ha cuestionado que se tratara de un piquete pacífico, y se apoya en el testimonio del trabajador que intentó acceder a la factoría entre «empujones, amenazas, insultos… tuvo que ser rescatado por los policías», y destacó la «actitud pasiva de los policías hasta el momento de la agresión al trabajador. La situación creada fue de tal gravedad que hubo que lanzar tiros al aire», defiende, mientras señala que «todos actuaron ajustados a derecho».

La defensa por su parte, ha tratado de desmontar los argumentos de la fiscal, cargando especialmente contra la instrucción realizada e incidiendo en las ruedas de reconocimiento que se impusieron incluso años después de los hechos. «¿Era necesario que se le sometiera a José Alcázar a una rueda de reconocimiento?», ha planteado su abogado, que insistía en que «los policías han mentido y han incurrido en numerosas contradicciones». Han sido varios los abogados defensores que han incidido en una frase pronunciada por uno de los policías que aseguró que «con ese Gobierno me daba por finiquitado», tras haber lanzando los tiros al aire. Es esta percepción de haber errado la que lleva, según la defensa, a presentar una denuncia por parte de los policías. «Se abre expediente disciplinario, que está sujeto a la decisión de este tribunal. ¿Ofrece credibilidad el testimonio de unos policías que tienen que justificar el uso de las armas de fuego? Hay interés directo».

También se han cuestionado las lesiones producidas y su poca concordancia con el relato de los hechos. «¿Le estaban linchando y la única lesión es una rozadura en el brazo? Los testimonios están viciados», defendió el letrado que representaba a Alcázar.

El testimonio del trabajador que intentó acceder a su puesto de trabajo también se cuestionó ya que «le tiene un odio abierto a los sindicatos de clase». En algún escrito ha llegado a manifestar el propio trabajador que «los sindicalistas son vagos, el número de liberados es desproporcionado» o que son «energúmenos antisistema».

Algunos de los acusados han tratado de demostrar su nula participación en los hechos imputados, como Tomás García, cuyo abogado ratificó que «sigo sin saber por qué estoy aquí. Y si existió ese acuerdo de voluntades, ¿por qué hay dos personas absueltas?». Los abogados han intentado hacer ver que no se han individualizado los delitos que se les imputan, sino que son delitos colectivos, con la inconcreción que eso supone.

Tras escuchar a todas las partes, el juez tiene el caso visto para sentencia, que podría estar disponible a principios de la próxima semana. Los acusados, que fueron recibidos a la salida de los juzgados entre gritos de «que no, que no, que huelga no es delito», se mostraban satisfechos por el trabajo desarrollado por sus abogados. «Después de los argumentos escuchados los seis quedarán en completa libertad», aventuraba a la salida Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO.