La jueza ve indicios de prevaricación en la exgerente de GISA

Ha finalizado la instrucción de la querella criminal que se presentó contra Marisa Gil, antigua gerente de GISA, y la directora general de recursos humanos de GISA, Juana Álvaro, por un presunto delito de prevaricación y ha determinado que se formulen los escritos de acusación y defensa para abrir juicio oral contra ambas responsables.

El caso se originó por la turbia contratación (y posterior despido por no superar el periodo de prueba) de dos trabajadores a través de un concurso abierto que generó múltiples dudas y sospechas. Uno de los abogados contratados por la empresa municipal Getafe Iniciativas, Alberto Ganga, interpuso una querella en la que exponía sus sospechas de que se hubiera incurrido en los delitos de malversación y prevaricación, aunque solo se estimó este último delito

El concurso público que se abrió en el mes de junio se formalizó con los criterios de libre concurrencia, publicidad y transparencia para cubrir una sola plaza en la que se pedía el perfil de un abogado en ejercicio para cubrir el puesto. Según reza la querella entre la celebración de la prueba de conocimientos y la fecha en la que se publica la relación de aspirantes que la han superado  “se producen una serie de movimientos en GISA encaminados a intentar la anulación del proceso de selección y presionar para que no aceptase la plaza obtenida”. “El fin de todo ello solo tenía un fin, la colocación a dedo de lo que se denomina en el argot político como uno de los nuestros y que había resultado como el segundo aspirante con mayor nota”, continúa el querellante.

Finalmente se opta por convocar una segunda plaza de técnico “sin cumplir los requisitos que han de acompañar a toda selección de personal para un puesto cofinanciado por fondos europeos”. En el mismo acto en el que se convoca, también se asigna la plaza, y el adjudicatario no cumple los requisitos “porque no es abogado en ejercicio en el momento de asignarse la plaza”, defiende Ganga en su querella.

La instrucción de este caso llevó a Marisa Gil, persona de confianza del exalcalde Juan Soler y a Juana Álvaro a declarar como imputadas.

El auto de procedimiento abreviado que dictó la jueza el pasado 15 de octubre ha sido recurrido por ambas acusadas ante la Audiencia Provincial. Ya solicitaron en su día el sobreseimiento de la causa que el juzgado no atendió.