La PAH se incorporó hace dos meses a la comisión municipal antidesahucios, pero el balance que hace de este tiempo tiene algunos déficits y «problemas», entre los que destacan el «mal asesoramiento a los afectados por hipoteca» de la Oficina de Intermediación en Desahucios. Desde la PAH explican que «hasta la fecha solo hay una abogada para realizar el asesoramiento jurídico a las personas que acuden a esta oficina. Más alarmante es la falta de formación jurídica en materia hipotecaria de la trabajadora».
Ponen el ejemplo de Abdul que «acudió a asesorarse y le informaron que no se podía hacer nada para frenar su desahucio. Nadie tenía conocimiento en la Oficina de Intermediación del modelo de formulario con el que se aplaza el desahucio por un mes». La PAH puso a disposición el asesoramiento de los abogados con los que cuentan «ofrecimiento que Concejalía de Bienestar Social rechazó».
También estiman que «los casos de okupación de viviendas deben ser tratados en la Oficina de Intermediación en Desahucios», algo que ahora se trata como «un problema policial y no social», en un municipio con 7.000 viviendas vacías, 3 desahucios semanales y falta de alternativa habitacional.
Argumentan asimismo que «el número de viviendas de emergencia social es claramente insuficiente. Desde hace tiempo venimos diciendo que la única solución posible al problema de la vivienda consiste en una política de alquiler social pública. Las cinco viviendas municipales para emergencia social nos parecen un parche y consideramos un insulto a todas las vecinas de Getafe que la Concejalía considere esto una solución».
Y consideran que «la transparencia del gobierno municipal es nula y nos enteramos por la prensa de cuestiones tan importantes como la apertura de la Oficina de Intermediación en Desahucios, de las cinco viviendas de emergencia social o de la adjudicación de las viviendas. Asimismo no estamos siendo informadas de las reuniones con las entidades bancarias».
Tampoco han recibido respuesta a las exigencias que han presentado y al conjunto de medidas que pretenden presentar en Pleno. Dan de plazo a los grupos para su respuesta hasta el jueves.