Contratos, convenios, concesiones… en el punto de mira

Los datos que en estos tres primeros meses de gestión se han ido encontrando en el Ayuntamiento «justifican más que de sobra la realización de una auditoria de austeridad que dilucide cómo si ha habido sensatez en el gasto público. Esto no es una caza de brujas, ni venganza, es simplemente responder a las demandas ciudadanas de transparencia», certifica Sara Hernández, alcaldesa de Getafe que hoy ha anunciando que están finalizando los pliegos de condiciones para que una empresa externa acometa esta labor. «Aún no sabemos cuál será el importe, pero lo que sí podemos certificar es que será un concurso abierto».

El PP anunció al inicio de su legislatura una auditoría similar sobre la que nunca se conocieron las conclusiones. «Sí tenemos constancia del contrato, que se firmó con una empresa que aparece entre las implicadas en la Púnica, pero no de las conclusiones», asegura Hernández.

Han observado irregularidades y gastos de «cuestionable procedencia», como los más de 2.500 euros que gastó un cargo de confianza de Alcaldía en taxis entre octubre de 2014 y junio de 2015. «Queremos saber si son de él o de una tercera persona», pone en duda la alcaldesa. Los gastos en publicidad se dispararon hasta los cerca de 2,5 millones en el periodo entre 2011 y 2015, algo «desorbitado y cuyo fin queremos conocer». Además de contratos con grandes almacenes «para dispensar comida y bebida al Ayuntamiento», que ya se ha rescindido.

En las empresas municipales se han encontrado sorpresas como los 2.200 euros que cuesta al mes mantener el jardín vertical sin que medie contrato en LYMA o la «desaparición de dispositivos móviles y ordenadores que el gerente achaca a un robo del que no existe denuncia». También apunta a un dato: en junio de 2015 el gerente se autoconcedió un plus de disponibilidad «de 1.500 euros al mes, que ahora reclama con efectos retroactivos». LYMA ha registrado en esta legislatura hasta 250 contrataciones nuevas o cambio de contrato (de temporal a indefinido) de las cuales, más de la mitad se produjeron en los últimos meses.

En ALEF la cámara de cuentas ya ha puesto sobre aviso algunas irregularidades como la adjudicación del mantenimiento del sistema informático, además de un contrato mensual con un despacho de abogados que no ha realizado ningún informe jurídico.

También en GISA hay irregularidades , como los «dos años de alquiler que se han estado pagando en la calle Estudiantes de la antigua galería comercial que no se han utilizado y que ha costado 48.000 euros».

Los primeros resultados de esta auditoría esperan tenerlos a finales de 2015. Serán públicos «y comprensibles para los ciudadanos» y se publicarán en la página web.