Úrsula y Javier se meten en la furgoneta muncipal que lleva sus enseres a casa. Apenas se despiden de nadie. La tensión es evidente en lo que son los últimos compases de una acampada que se ha extendido durante 13 días. Han aceptado la solución habitacional que se les proponía en la vivienda que quedaba libre en las antiguas casas tuteladas que fueron transformadas en emergencia social. Úrsula no quiere hablar. Apenas media hora es lo que se tarda en desmontar la infraestructura levantada enfrente del Ayuntamiento: tiendas de campaña, toldos, sofás, mesas, neveras… Todo es rápidamente desmontado y trasladado. Los servicios de limpieza esperan para dar el toque final a la plaza. Pasadas las tres de la tarde nada recuerda que ahí acamparon dos familias junto a la PAH.
El desencuentro final de la familia con la PAH es evidente. «Se sienten utilizados», dicen algunas voces. «La finalidad de la PAH no es solo buscar una solución a estas familias, sino que su objetivo es más global», avalan desde la plataforma. Pero el objetivo está cumplido para Úrsula y Javier. Tras días de tira y afloja, de tensiones con el Ayuntamiento y los concejales, de escraches en la campaña del PSM… han decidido firmar la propuesta municipal y aceptar la vivienda.
Milagros aún se resistía a abondonar la acampada. Ella y su familia de nueve miembros no pueden pagar el alquiler. No hay proceso judicial al que se enfrenten, insiste el Ayuntamiento, no es un desahucio propiamente dicho, pero finalmente aceptan la colaboración municipal que tratará de mediar con el propietario del piso y les facilitará las condiciones para que no pasen necesidades.