El nuevo y modernísimo Teatro Madrid no cumplía los requisitos legales en cuanto a insonorización que requiere una infraestructura de estas características. Esto implicaba un modificado de estructura que suponía un 20% del valor total de la obra. Así lo advirtió Dragados al Ayuntamiento en una notificación que pasó por registro el 12 de mayo, dos semanas antes de las elecciones. La ley de contratos «según nos informan los técnicos municipales, indica que toda modificación que supere el 10% es ilegal», explica Jorge Rodríguez, concejal de Urbanismo, que califica de «error de bulto y muy grave» la necesidad de hacer una modificación estructural «a estas alturas del proyecto».
Juan Soler, exalcalde del municipio, ha negado conocer esta modificación. «El que se encarga de eso es el director del proyecto, no es responsabilidad ni de los concejales, ni mía, que para eso están los técnicos municipales. No teníamos conocimiento de que se hubiera superado el 10%. Eso puede ser la justificación que el técnico quiera dar ahora para cubrir a la actual alcaldesa». El actual edil de Urbanismo ha roto una lanza en favor de los técnicos: «Habrá que buscar responsabilidades, pero yo tengo claro que no es una responsabilidad de los técnicos».
Impagos desde hace 7 meses
El volumen de la modificación necesaria del proyecto motiva la paralización de las obras, pero también el impago que la empresa venía sufriendo desde hace 7 meses. La obra comenzó en noviembre de 2014, y ya el 1 de diciembre de ese mismo año se produjeron los primeros impagos. «Para pagar las obras es necesario tener consignado un crédito, pendiente de una subvención FEDER al cual está vinculado, que no había sido reservado económicamente, con lo que nos encontramos sin dinero, sin reserva económica y sin la posibilidad de poder hacer efectiva la subvención europea de la cual dependía este edificio», explica Rodríguez.
Soler ve alternativas sencillas para acometer este impago: «Estábamos en conversaciones para la venta de suelo, estaba la alternativa de recuperar dinero del consorcio Los Molinos-Buenavista, e incluso la posibilidad de pedir un crédito», a lo que el edil de Urbanismo pregunta: «¿Si había dinero por qué no lo ha pagado él desde el 1 de diciembre? ¿Por qué ha dejado que pasen 7 meses sin que la empresa cobre? No tiene sentido».
El dinero de la subvención europea se da por perdido, ya que el técnico municipal encargado de los Fondos FEDER ha trasladado que es «imposible» una prórroga y el plazo para ejecutar las obras finaliza el 31 de diciembre de este mismo año. El portavoz popular ve posible que sea la Comunidad la que interceda para conseguirlo. El organismo europeo se ha interesado por la obra «porque no se le ha presentado ninguna información desde diciembre y es obligatorio. Nos encontramos con esta situación: Tenemos una obra sin pagar, sin poder pagarla y una subvención que tampoco vamos a poder cobrar», lamenta Jorge Rodríguez.
De momento, conforme a la ley, han procedido a «la suspensión temporal del contrato. Todo esto lleva acarreados gastos asociados al retraso de los pagos», que habrá que cuantificar. Unido a lo que supondrá volver a poner en marcha la maquinaria, que puede ser a través de un nuevo proyecto, nueva licitación… «Estamos buscando una solución con la empresa para intentar buscar la mejor salida posible. Siempre dentro de la legalidad. Y solo dentro la legalidad. No vamos a continuar de cualquier manera», después de que el proyecto de este Teatro Madrid esté en los tribunales.
Un proyecto bajo sospecha
El proyecto de este Teatro Madrid ya ha sido denunciado en dos ocasiones: uno en Comisaría por el PSOE, que el fiscal no llevó adelante; y otra en los juzgados, que cuestiona tanto que se haya delegado en GISA esta obra que es municipal como los trámites del negociado sin publicidad que se han desarrollado. Soler, que es uno de los señalados por esta cuestión se defiende: «Hay un director de proyecto, que es Cristobal Corretjé, que es el que decide cómo se contrata, por qué se contrata para que se hiciera lo más rápidamente posible. ¿Por qué se pasa a GISA?: se ahorraba tiempo y podía salir más barato. La encomienda de gestión, quien se la envía a GISA es el director del proyecto. Nosotros tomamos la decisión y los concejales tienen la dirección política de su delegación, pero quien hace las obras es el director técnico. Nosotros no elegimos empresas para que hagan las cosas. Quien elige las empresas que hay que invitar, son los técnicos», sentencia.
Lo que Jorge Rodríguez deja claro es que «el teatro se va a acabar. Y será un teatro, su fin será cultural. Es un proyecto que nos gustará más o menos, pero que hay que finalizar».
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