La comisión antidesahucios ha tenido hoy la primera reunión con el Gobierno del PSOE al frente, donde estaban citados los partidos políticos, los sindicatos UGT y CCOO, Cruz Roja y Cáritas. Entre las ausencias destacadas, la del PP, que no ha enviado a ningún representante a esta cita y también la de la PAH, que a través de un comunicado aseguró que no participaría en esta primera reunión porque «no hemos llegado todavía a un consenso respecto a nuestra posible participación o no». Sara Hernández les ha tendido la mano «a que se unan, porque tenemos que trabajar todos juntos. Si no quieren participar en esta comisión institucional, tenemos foros fuera para poder sentarnos y reunirnos para poder nutrirnos de la información, porque lo que queremos es que ningún vecino que pueda estarlo pasando mal se quede sin recursos».
En esta primera cita se ha dado cuenta de la reunión mantenida con los bancos (Bankia, Santander, BBVA, Ibercaja, Caixa y Caixa Catalunya) esta misma semana y que han mostrado una «buena predisposición a trabajar juntos. Primero para negociar los impagos y luego para dar salida social a las viviendas vacías de su propiedad». Se nombrarán interlocutores para que la relación sea lo más fluida.
«Queremos recuperar todo el tiempo perdido del anterior Gobierno municipal del PP», afirmaba la alcaldesa, que lamentaba algunas actitudes del anterior regidor. «Es duro para mí conocer como una afectada de un desahucio ha contado cómo el anterior alcalde de Getafe se ponía enfrente de su reivindicación cuando estaba apostada en la puerta de un banco para exigir una solución digna, y se reía de ella, ni siquiera pasaba a preguntarle, se mofaba», que se ha convertido en uno de los momentos más sensibles de la reunión. «Los desahucios son un verdadero drama social que está afectando de lleno a la ciudad de Getafe. No podemos permanecer al margen, por eso nos hemos puesto a trabajar».
Para la próxima cita ya se han impuesto deberes: tratar de hacer una radiografía real de la situación de los desahucios a través de reuniones con diversos agentes sociales y también con el Decanato de los Juzgados. «Estamos marcando itinerarios sociales y laborales para evitar desahucios, pero también para que en el caso de que se produzca, la persona afectada y su familia sepan que cuentan con la solidaridad de este Gobierno municipal y de la ciudadanía, para que puedan tener una vivienda alternativa y para saber que vamos a trabajar para que puedan tener un puesto de trabajo que les permita recuperar el ritmo de sus vidas». Parten prácticamente de cero porque «han sido cuatro años totalmente baldíos».
Aún queda por discernir qué sucedió con el contrato de asesoramiento jurídico para una oficina de atención a los desahucios. «Sospechamos que no ha sido utilizado para atender a los afectados. Estamos recopilando esa información. Queremos poner en marcha una oficina de afectados en la Concejalía de Bienestar, para que conozcan los recursos, la información, no solo del Ayuntamiento, sino de las diferentes organizaciones que trabajamos en esa materia».