El caso del espionaje acaba en Fiscalía

PSOE, IU y UPyD denuncian al Gobierno de Juan Soler por vulneración del derecho al honor y a la intimidad

Tendencias políticas, datos privados sobre lugar de trabajo de familiares de empresarios, relaciones de parentesco de funcionarios creando confusas teorías de la conspiración, pantallazos de Facebook, búsquedas sobre las vinculaciones empresariales de particulares, informes sobre empresarios del municipio, editores, periodistas, empleados públicos… Estos eran los informes de Hard News para el Ayuntamiento de Getafe que ahora llegan a la fiscalía de la mano de los tres partidos de la oposición: PSOE, IU y UPyD. “El alcalde y aquellos concejales que han consentido la realización de informes personales podrían haber incurrido en un ilícito penal por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la libertad política de las personas que han sido investigadas”, citan en las conclusiones que han trasladado al fiscal. Con un añadido: como se demostró en la propia comisión de investigación, estos informes eran utilizados para influir en la contratación, lo que podría haber supuesto “un delito de prevaricación por la utilización de esos informes con información privilegiada de carácter personal”.

No se ha podido conocer quién encargaba los informes, que nada tienen que ver con el asesoramiento en materia de contratación, que era el objeto de este contrato, que además contaba con numerosas irregularidades ya que la fecha en la que se realizó es posterior a muchos de los informes realizados, sin obviar que cuando se contrata a Hard News esta figuraba como una empresa de limpieza. De hecho el oscurantismo sobre los trabajos encargados fue permanente y no ha sido hasta que se creara la comisión de investigación cuando han salido a la luz estos dossieres. No los conocían los técnicos a los que supuestamente ‘asesoraba’ ni tampoco algunos de los concejales que supuestamente encargaban los trabajos. Además, Javier Cordero, administrador único de Hard News tuvo acceso a los pliegos de los expedientes de contratación antes de ser públicos. “¿Qué utilización de los mismos ha hecho la empresa Hard News?”, se preguntan.

De esta forma, tras una comisión de investigación que el PP ha tratado de boicotear y que se ha convertido en un paripé, toda la documentación está ya en poder del fiscal, que será el que decida el siguiente paso a dar.

Sara Hernández (PSOE)
Hubo espionaje pagado con fondos públicos, espionaje para saber las vinculaciones familiares, personales y políticas de empresas, que quedan luego excluidas de los procesos de contratación, en función del contenido de esos informes personales. Y ha sido todo pagado con fondos públicos. La comisión de investigación creada ha sido utilizada de manera torticera por parte del propio alcalde y no ha resuelto muchas de las dudas como quién contacta con Hard News o quién realiza los encargos. Irregularidades administrativas, información personal que vulnera los derechos fundamentales… Creemos que puede ser constitutivo de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y por eso queremos que la fiscalía investigue hasta sus últimas consecuencias.

Javier Santos (IU)
Existen informes sobre personas y sus relaciones políticas y personales, las cuales vulneran los derechos de contratación del sector público y también derechos fundamentales. También hay una parte técnica en la hemos podido ver cómo los pliegos que finalmente han obviado por completo aquellas recomendaciones que Hard News había hecho. Según las declaraciones de los técnicos ellos desconocían la existencia de esta empresa y también de esas recomendaciones, por tanto solamente había unos cuantos concejales y asesores del gobierno municipal los que tenían constancia de esta información.

Esperanza Fernández (UPyD)
Este contrato nunca se debería haber hecho, porque son funciones reservadas a funcionarios y la propia tramitación del contrato ha sido un auténtico disparate. En primer lugar se contrata con una empresa de limpieza, que empieza a trabajar antes de tener contrato y luego hay un fraccionamiento claro de contrato. Además de todo esto, esta persona tiene acceso a información privilegiada, que según la ley de contratos es una vulneración clara de la objetividad y la libre competencia que debe tener la contratación administrativa.