El Gobierno pagará los más de 6.500 euros que el despacho Cases & Lacambra facturó al Ayuntamiento por la defensa de la jefa de prensa. La asistencia a una declaración en una instrucción previa, que después se archivó por parte del juzgado, y que puede costar unos 150 euros, es el servicio que estaba pendiente de pago desde hace un año. El apoyo del concejal no adscrito ha posibilitado que salga adelante esta propuesta ante la que se han rebelado PSOE e IU. UPyD se abstuvo.
Sorprendió de este expediente la virulencia del informe de Intervención, calificando el modo de contratación como fuera de la ley por haberse hecho de forma verbal y sin identificar a la persona que había contratado el servicio. Ya en el Pleno, el concejal del PSOE, Enrique Heras, ha incidido en lo extraño de que hayan acudido a un bufete de abogados que está radicado en Barcelona y Andorra y especialistas en derecho mercantil para defender este caso que nada tiene que ver.