La PAH amordazada por el Ayuntamiento

La PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) se siente perseguida. Desde hace unos días están siendo citados en la comisaría para declarar por «una denuncia que ha interpuesto el Ayuntamiento de Getafe contra nosotros», les aseguran desde la propia Policía Nacional. Los hechos se remontan al 5 de enero, fecha en la que realizaron una protesta pacífica para «exigir una solución para Samira y sus tres hijas de 2, 8 y 10 años que serán desahuciadas en breve por no poder hacer frente al alquiler». En el interior del Ayuntamiento fueron informando y tratando de conseguir un objetivo: «una reunión urgente con el alcalde para que buscara una solución al caso de Samira». La única respuesta fue lade la Policía Loacal, que disolvió la protesta y los miembros de la PAH fueron desalojados por la puerta trasera.

Es ahora cuando están siendo llamados a declarar, pero con irregularidades que enumeran desde la plataforma. «Muchas de las citaciones se están dejando en los buzones, sin verificar su debida notificación, y otras se realizan por teléfono. Tales prácticas generan inseguridad, desconcierto y gran desconocimiento sobre su grado de oficialidad. A pesar de que la declaración es voluntaria y la asistencia a la misma no resulta obligatoria, la Policía Nacional está utilizando prácticas poco claras, irregulares e insistentes hacia las compañeras que no se han presentado, a través de llamadas a familiares. En ningún momento nos han informado si nuestra declaración es en calidad de denunciados, testigos o imputados, lo que nos coloca en una situación de indefensión y vulnera los más elementales derechos de defensa de la persona citada a declarar», explican.

Estos hechos les han llevado a varias conclusiones, entre ellas que «el gobierno municipal del Partido Popular con Juan Soler a la cabeza, ha decidido perseguir a todas las personas que luchan en nuestro municipio por los derechos humanos». Denuncian que no se defiende el derecho a una vivienda digna y que se les está tratando de «amordazar para que no denunciemos sus mentiras; su falta de propuestas y soluciones; el cumplimiento de sus compromisos y la ausencia de alternativas habitacionales para aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad social».

Reclaman que se dé fin a «la insistencia y persecución a la que estamos siendo sometidos para declarar en comisaría aun tratándose de un acto voluntario al no mediar orden judicial», además de buscar una solución a Samira. Asimismo piden medidas para frenar la sangría de los desahucios.