Fuegos de artificio para tapar un turbio asunto

El día 12 de enero dará comienzo la comisión de investigación que aclarará la relación entre el Ayuntamiento y los informes sobre particulares y empresas de Getafe realizados por Hard News SL. Y en Alcaldía han comenzado a ponerse nerviosos. Un comunicado oficial enviado el sábado a las cuatro de la tarde (el día y la hora ya indican cierta intranquilidad) dice ser una aclaración, pero se acaba convirtiendo en una cuasi amenaza, en la que reconoce que hay «estudios» sobre la izquierda getafense. Olvida explicar la relación que se ha mantenido con esta empresa y tampoco explica quién ha pagado esos informes.

Por el contrario y como ya es habitual, vuelve a lanzar fuegos de artificio para desviar la atención, como ya hizo con el asunto de Cofely y los viajes a los que le invitó esta empresa implicada en la Operación Púnica. Desvía el asunto de fondo que es dilucidar si el Ayuntamiento encargó y pagó esas investigaciones con fondos públicos, lanzando graves insidias cuyo lugar no es una nota de prensa o un comunicado, máxime viniendo de un Ayuntamiento: si tiene pruebas o sospechas de «extratipos del 4% en la época de la construcción del Sector 3» o de que «a los compradores de viviendas de Los Molinos y Buenavista les costó entre 4.000 y 8.000 euros de más» su vivienda, el lugar para dirimir estas cuestiones no es ninguna absurda e imposible ‘Comisión de la Verdad’, sino los tribunales de justicia que tan bien conocen y a los que no tienen problemas en acudir cuando así lo consideran.

Juan Soler quiere cambiar el foco de atención. Hacer una causa general de los últimos 35 años de Gobierno en el municipio para tapar sus propias vergüenzas. Poco más y se pone a investigar los ayuntamientos franquistas y a abrir tumbas (que falta hace), aunque no parece estar su partido muy por la labor de apoyar la Ley de Memoria Histórica. Es verdad que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad, esa que el propio alcalde les niega. Haber encargado informes de empresas y particulares del municipio no sería un asunto baladí en caso de confirmarse, sino un hecho de una enorme gravedad que atentaría contra derechos fundamentales. Esa es la respuesta que tiene que dar Juan Soler que es quien ha gobernado el municipio los últimos tres años y medio. Más allá de asuntos judiciales que tienen su espacio de respuesta, los ciudadanos serán los que juzguen en mayo (como ya lo han hecho antes) decidiendo en las elecciones si este Gobierno es merecedor de su confianza. Es el momento de rendir cuentas de su gestión.