Una comisión imposible para desviar la atención de los viajes

Presidencia del Pleno municipal de Getafe

Con un rimbombante nombre, el alcalde de Getafe, Juan Soler, ha anunciado que consituirá una Comisión de la Verdad para hacer algo imposible: investigar a todas las personas que hayan tenido un cargo público, bien electo o por designación… ¡desde 1979! Tras un fin de semana convulso para el regidor por los viajes a París, que realizó a cuenta de la empresa Cofely, investigada en la Operación Púnica, Soler apuesta ahora por hacer una causa general contra los cargos públicos que han pasado por el Ayuntamiento.

Soler ha marcado sus objetivos y ha dictado sentencia incluso antes de constituirse la comisión: en el punto de mira todos los portavoces de los grupos municipales, concejales de Gobierno y ex alcaldes. «Es necesario que se investigue porque ya me dirán ustedes cómo un ex seminarista que vendía biblias de puerta en puerta puede haberse hecho con un inmenso patrimonio inmobiliario o tener participación en Sicavs”. Soler también cuestiona que en política “haya tanta gente a la que le toca la lotería, tanto aficionado por coleccionar arte y antigüedades o gente que tiene hípicas y yeguadas”. El nombre de Cofely y los viajes de los que ha disfrutado no han sido mencionados.

Ante el tono y las formas empleados por el alcalde, el grupo municipal de IU decidió abandonar el Pleno como muestra de su indignación por las insinuaciones realizadas por Soler en el Pleno municipal.

Para la presidencia de esta Comisión de la Verdad el elegido es el concejal no adscrito José Luis Morato, que fue expulsado de UPyD y mantiene su acta y un sueldo a cargo del Ayuntamiento municipal. Precisamente Morato es el que ha posibilitado en los últimos años que salgan adelante presupuestos y tributos propuestos por el PP. El mismo que mantuvo una ‘sospechosa’ comida con Granados y Soler justo antes de ser nombrado este alcalde de Getafe.

No escatimarán en recursos, pues van a solicitar que esta comisión esté asistida por la Inspección de Hacienda, por la Abogacía General del Estado y por el Registro de la Propiedad. También presentará una moción instando al Gobierno de la Nación a que habilite los medios legales pertinentes para investigar adecuadamente a todas las personas que deban dar cuenta de su paso por la administración.

Para el próximo Pleno también ponen su mirada en el contrato que Cofely firmó con el Ayuntamiento de Getafe en 2009, para cuya investigación presentarán una moción. Los últimos contratos, ya con el Gobierno popular, no se pondrán sobre la mesa. Los que continúan investigando son la UCO de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional dentro del marco de la Operación Púnica. Las últimas noticias no descartan que en los próximos días se amplíen los municipios investigados y los políticos y empresarios detenidos.