Era una medida pionera, impulsada por UPyD: las familias con todos los miembros en paro podrían disfrutar de una exención del IBI para atender a esta especial situación. «Cuál fue nuestra sorpresa cuando se introdujo un término de exclusión donde se quedaban fuera las viviendas cuyo valor catastral estuviera por encima de la media», explica Esperanza Fernández. Este requisito ha tenido consecuencias inmediatas: las 57 solicitudes denegadas, 32 son por esta causa y únicamente se han admitido 25: en total apenas suman 6.000 euros, muy lejos de los 50.000 que estaban previstos. «Resulta ridículo el dinero dado para estas ayudas».
Por ello para el próximo Pleno, que en principio se celebrará el 30 de julio, UPyD lleva una propuesta para que en la próxima convocatoria de estas ayudas, ya en 2015, este hecho no sea motivo de exclusión, como tampoco el percibir algunas rentas «de escasa cuantía», que ahora también es motivo para quedarse fuera. «Estamos en una situación donde las familias están pasando muchas necesidades, y no se pueden dejar fuera a jóvenes en situación de desempleo porque estén viviendo en El Bercial, o Los Molinos y Buenavista, que son viviendas que estarían por encima de esa media».
Para este ejercicio sería «complicado» abrir un nuevo plazo para solicitar estas ayudas, cambiando los criterios. Por una parte, porque el pago del impuesto está ya en periodo ejecutivo y por otro porque «en la misma junta de Gobierno en la que se adjudicaron estas cuantías, se preocuparon también de cancelar el crédito restante, por lo que si quieremos hacer una ampliación habría que aprobar también una modificación de crédito».
Esta es una de las propuestas que lleva UPyD al Pleno extraordinario de julio, donde también se discutirá una propuesta conjunta de todos lo grupos en apoyo a los trabajodores de Atento. Fernández ha reseñado que echa de menos en esta convocatoria que se lleve la fusión de las empresas municipales GISA y ALEF. «En junio nos aseguraron que tendríamos un proyecto de fusión y aún no hay nada al respecto y GISA sigue incrementando el gasto con nuevas transferencias de dinero, sin que haya ningún estudio de la eficacia de las subvenciones que propone».
Tambien preguntan por el Plan Especial que se piensa desarrollar en la calle Madrid que tendría un periodo de elaboración de 52 semanas «con lo que nos iríamos a la próxima legislatura. No tiene sentido iniciar un proyecto así si no hay consenso con el resto de partidos».
Se plantean la duda de si está desarrollando el programa de alquiler de libros de texto que incluyeron en los presupuestos a propuesta de UPyD e insisten también en la transparencia, pidiendo que se incluyan conceptos como los currículums de los cargos de confianza o los listados de proveedores del Ayuntamiento.