El derecho al olvido se ha reconocido después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya fallado que Google tiene que hacerse cargo de las peticiones de los ciudadanos y retirar la información que les afecte. En 2010 la Agencia Española de Protección de Datos exigió a Google que eliminase de los resultados de sus búsquedas los vínculos a un caso de embargo por deudas a la Seguridad Social, un caso resuelto en la actualidad, pero que seguía martirizando a este ciudadano en la red. Mario Costeja es quien ha realizado este camino que durante seis años le ha llevado hasta el tribunal europeo.
El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud “directamente” al buscador que será el responsable de dictaminar si es fundada esta petición. En caso de ser denegad, el afectado podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales.
