El Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites a través de la Junta de Gobierno (extraordinaria y con este único punto) para presentar una querella criminal contra el actual concejal Enrique Macías. Los motivos de esta denuncia que iría por la vía penal se centran en la malversación de fondos públicos por el uso indebido de una subvención y por haberla justificado con servicios que pueden no haberse prestado y por lo tanto reclama falsedad documental, en referencia a la justificación de la subvención del Getafe Beta en 2009. El inicio de acciones judiciales cinco años después llega apenas una semana después de conocerse la sentencia favorable a Kike Macías, que tiene que ser readmitido en GISA, tras haber sido despedido hace un año. «Es un ajuste de cuentas del alcalde Juan Soler», asegura Sara Hernández, secretaria general del PSOE Getafe, que habla de «represalias» por este hecho cuando «en los últimos cinco años no ha emprendido ninguna acción legal».
Este asunto se remonta a 2009, cuando Macías era presidente del Getafe Beta de baloncesto y justificó la subvención recibida de 130.000 euros con facturas que ahora se ponen en duda. El asunto, que ya se hizo público en plena campaña electoral a las municipales de 2011 y que recuperó Al Cabo de la Calle cuando Macías tomó posesión de su acta de concejal, ponía el punto de mira en la justificación realizada a través de cuatro convites que sumaban más de 50.000 euros. «En todo momento se siguió el procedimiento legal y se han destinado y justificado los fondos conforme a los criterios establecidos por la Ley de Subvenciones», asegura Hernández. El concepto de comidas está recogido como parte de una subvención. «Si hubiera existido algún reparo de Intervención, no se hubiera pagado la subvención», recalca. «Esto parece un intento de Juan Soler para lanzar una cortina de humo sobre su desastrosa gestión».
La presentación de la querella, que tiene intención de dirigirse a nivel particular contra Macías, y no hacia el club que presidía, se remitirá a un despacho madrileño de abogados que se hará cargo del pleito.
El argumentario del Ayuntamiento es que las facturas «correspondían a comidas de 200, 400 y 400 comensales respectivamente, en un establecimiento hostelero de Getafe que tiene un aforo de 14 personas en la planta baja, con una superficie de 19,55 metros cuadrados, y 20 personas en la planta alta cuya superficie es de 35,30 metros cuadrados».