Era vox populi que el Gobierno regional estaba subvencionando de forma indirecta a las escuelas infantiles privadas a través del famoso cheque guardería para el que se destina anualmente 34 millones de euros de los presupuestos y que permite a los beneficiarios (casi todos los solicitantes, sin criterios de renta) deducirse 100 euros de la cuota que se paga en una guardería, siempre que esta sea privada. De esta forma, con la espectacular subida de tasas de los últimos años, las escuelas públicas, por primera vez han empezado a registrar vacantes y se han empezado a cerrar aulas: apenas existen becas para este servicio y las cuotas son demasiado elevadas como para ser competitivas. De hecho, como reclamo, las privadas se publicitaban como «más baratas que la pública», siempre contando con este cheque guardería.
La chispa de la indignacion ha prendido al conocerse que Lucía Figar, consejera de Educación, y con una renta de más de 125.000 euros, recibe esta ayuda para su hijo. Las voces en contra no se han hecho esperar… y también a favor. El propio presidente de la Comunidad, Ignacio González, ha salido a defender a la pupila aventajada de Aguirre diciendo que tenía el mismo derecho que el resto de los madrileños. CCOO ha sido uno de los sindicatos que ha saltado como un resorte para recordarle al presidente que «en Madrid hay muchas personas que se ven privadas de cualquier tipo de ayuda o beca por querer escolarizar a sus hijos e hijas en escuelas infantiles públicas».
El sindicato considera inaceptable que se diseñe un sistema de ayudas «en el que la consejera de Educación con un sueldo de más de 125.000 euros acceda a una ayuda mientras que una familia que ingresa el 20% de lo que ingresa ella no reciba ningún tipo de ayuda por querer escolarizar a sus hijos e hijas en una Escuela Infantil».
Comisiones Obreras exige a la Consejería de Educación que destine la partida de 34 millones de euros de los llamados “cheque-guardería” a ayudas y becas para los madrileños y madrileñas que las necesiten y que elimine los precios abusivos a los que están sujetas las Escuelas Infantiles públicas de la Comunidad de Madrid.