El servicio de recaudación ejecutiva, que desde 2009 lo realiza la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos SA, con un contrato de 2,7 millones, podría paralizarse, ya que el 22 de marzo se cumple el contrato con esta empresa, que ha cubierto los tres años iniciales y los dos de prórroga y no se puede ampliar más, según la legislación. La denuncia del PSOE es que aún no se ha abierto ningún proceso de contratación para este servicio y teme que «veinte trabajadores se verán sin trabajo el próximo sábado». Han solicitado explicaciones al concejal de Hacienda sobre este respecto y también sobre cómo se piensa gestionar este servicio «toda vez que desde el Ayuntamiento nunca se ha prestado de manera directa, por lo que los trabajadores municipales no tienen la formación suficiente para hacerse cargo de él de manera inmediata, lo que provocará la paralización de los expedientes pendientes de tramitar».
La consecuencia inmediata es que los trabajadores que allí prestan sus servicios «se quedarán sin trabajo, algunos de ellos con más de 30 años en el ejercicio de las funciones recaudatorias». Con ellos ha hablado el partido socialista y ha recogido sus preocupaciones. «Estamos analizando si en los pliegos de condiciones para la adjudicación del servicio de recaudación ejecutiva la nueva empresa podría hacerse cargo de los trabajadores o la posibilidad de que el propio Ayuntamiento asuma este personal, ya que la competencia para la prestación del servicio de recaudación es una competencia íntimamente ligada a los Ayuntamientos y su prestación es obligada», explican desde el PSOE.
Desde el Ayuntamiento aseguran que ya están trabajando en los pliegos de condiciones para adjudicar nuevamente este servicio y que los trabajadores que dependen de la actual concesionaria «pueden ser reubicados en otros sevicios de la empresa». Aseguran que con el nuevo contrato se pueden ahorrar hasta 400.000 euros anuales. Las actuales dependencias de la calle Escaño se trasladarían a la calle Ricardo de la Vega y en los pliegos de condiciones se recoge que la adjudicataria debería aportar ocho empleados junto con la subrogación de otros ocho trabajadores de la actual oficina de recaudación ejecutiva, respetando todos sus derechos laborales.