Los cinco concejales procesados tienen que poner de inmediato su cargo a disposición y dejar el acta de ediles. Esa es la primera conclusión que se desprende ante el auto de procesamiento que ha emitido la jueza del ‘caso Aparcamientos’ y que debe tener como consecuencia la dimisión inmediata de los actores del proceso. La jueza ha estimado que hay indicios suficientes para procesarlos, por lo que la imputación previa ha subido un grado y es éticamente incompatible con seguir ejerciendo un cargo público. Más allá de que puedan ser después absueltos de los cargos que se les imputan, por la limpieza y el respeto a las organizaciones democráticas tienen que salir del Ayuntamiento.
El ‘caso Aparcamientos’ estalla en el Consistorio local tras demorarse su instrucción durante años, ya que el caso se presentó por primera vez en 2009. Sería deseable por la dimensión que puede adquirir este proceso y su repercusión política, que no se demorase el juicio y que se agilizasen los trámites lo más posible en aras de no interferir en unas elecciones cuyo horizonte parece ya muy cercano. La verdad tiene que prevalecer, pero también es necesario que el Ayuntamiento pueda recuperar la normalidad lo antes posible: este auto no solo afecta a cargos electos, sino que también repercute en técnicos y habilitados nacionales, como la secretaria general, la oficiala mayor y el viceinterventor que trabajan en el Consistorio.