CCOO considera «predemocrática» la decisión de la fiscalía que reclama ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas de Airbus que durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 se vieron involucrados en un altercado con la policía a las puertas de la factoría de Getafe.
El Juzgado de Instrucción de Getafe ha decretado la apertura de juicio oral contra los sindicalistas imputados por los hechos que ocurrieron a las puertas de la factoría durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Una decisión que es consecuencia de la presentación, por parte de la fiscalía, de un escrito de acusación en el que formula la petición de ocho años y tres meses de prisión para cada uno de ellos.
CCOO advierte que esta acusación se basa en «imputaciones falsas impulsadas por quienes entienden las fuerzas de seguridad no como una garantía en el ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, sino como un instrumento a su servicio para acosar y perseguir a los que considera un adversario». Este sindicato cuestiona además la instrucción judicial por haberse encaminado «tan solo a perseguir a sindicalistas y haber pasado por alto la abusiva e ilegítima actuación de la policía, que no tuvo reparos en hacer uso de sus armas de fuego y que provocó una situación que se saldó con decenas de heridos».
Los antecedentes que hay para delitos de similares características «no tiene precedente alguno en nuestra democracia» y consideran que «son tremendamente exageradas». Aseguran que «para encontrar este tipo de condenas de cárcel habría que remontarse a tiempos de la dictadura franquista».