Jesús Gómez, alcalde de Leganés, ha salido al paso de la noticia de su imputación en el ‘caso nóminas’ asegurando que «no hay ningún auto de imputación ni se me ha llamado a declarar», aunque sí reconoce que la jueza, en la providencia en la que se admite la personación del abogado consistorial como defensa de Jesús Gómez, le ha calificado como imputado. «Dudo que tenga esa condición procesal», ha manifestado el regidor que argumentaba también que no existía «ningún escrito del fiscal ni ningún otro documento probatorio del supuesto delito: únicamente la denuncia de parte». Sin embargo, ya ha advertido de su condición de aforado como diputado de la Asamblea de Madrid, por lo que la causa tendría que derivarse al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La jueza del tribunal número 5 de Leganés que es la que instruye hasta el momento el caso ha llamado a declarar como testigos a las dos interventoras que han estado destinadas en el municipio en los años en que se produjeron las irregularidades: Lucía Mora Salas y María Icíar Fernández Arregui. Declararán el próximo 27 de enero.
El regidor ha incidido en la rueda de prensa en la que estaba escoltado por los cuatro tenientes de alcalde en que «no hay ningún pronunciamiento del ministerio fiscal y únicamente existe la denuncia de parte», a la vez que pedía que el asunto se derivase al TSJM por su condición de aforado: «Es obligado que las diligencias previas las realice el Tribunal Superior de Justicia, no es algo que yo pueda elegir. De no hacerlo el TSJM, la instrucción o en su caso el juicio, es nulo de pleno derecho». La juez aún no ha tomado ninguna decisión al respecto ya que, en caso de derivar el caso a instancias superiores, debe tener una base legal justificada y como tal está efectuando estas diligencias previas en las que el alcalde puede figurar como imputado por un delito de prevaricación. La providencia en la que se califica a Jesús Gómez como imputado está fechada a 29 de noviembre, aunque no ha sido hasta los primeros días de enero cuando se ha conocido públicamente.
Durante 20 meses las nóminas se han estado pagando sin que «nadie dijera ni una sola palabra». La interventora comenzó a advertir de la situación irregular en mayo del pasado año. Fue en septiembre cuando ya emitió un reparo oficial en el que además paralizaba el pago de todas las nóminas municipales al persisitir las irregularidades. «Después de 20 meses no me puede decir que se haya estado haciendo mal». Gómez además incide en la diferencia de criterio entre las dos interventoras que estuvieron en el Ayuntamiento en ese tiempo: «Un mismo órgano no puede decir la misma cosa y la contraria». La alternativa de regularizar la situación de los cuatro afectados o cesarlos no es viable para el alcalde que «no quiero cometer fraude de ley, porque en caso de cesarles podrían denunciarnos y acabar consolidando su plaza».
Rafael Gómez Montoya, portavoz del PSOE, asegura que la denuncia se presentó por parte de su partido ante la reincidencia en los reparos que ponía intervención para el pago de las nóminas de cuatro directores generales que no tenían cobertura legal. «No se culminó el proceso de modificación de plantilla, que tendría que pasar por Pleno y no se ha hecho». Jesús Gómez, ante los reparos de la interventora actual ha estado emitiendo decretos para pagar las nóminas ignorando los documentos de intervención. «Lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones».
La otra parte denunciante, ULEG, asegura también en palabras de su portavoz Carlos Delgado, que «está imputado por su bien, porque de otra forma no podría preguntar a las testigos. De esta forma podrá tener su representación legal», que es la que le admite el juzgado tras la personación como defensa del abogado consistorial en representación de Jesús Gómez. «El alcalde de Leganés se ha agarrado a todo tipo de paños calientes y se ha refugiado en tecnicismos para intentar dulcificar su situación procesal que no es otra que la de imputado», explica Delgado.