Los cuerpos de vigilancia podrán patrullar espacios abiertos y realizar detenciones
Los votos de PP, PNV y CiU permitieron en la Comisión de Interior de la Cámara baja que la nueva ley de Seguridad Privada saliese adelante. La nueva normativa del ministro de Interior Jorge Fernández, el cual en su día presentó la Ley de Seguridad Ciudadana en la cual se limitan las protestas sociales, regula el trabajo de detectives privados o de vigilantes de tal forma que tengan amparo legal para poder patrullar por espacios abiertos y realizar detenciones o registros en vías públicas.
Los partidos de la oposición PSOE y UPyD han mostrado su desacuerdo ante la nueva ley, afirmando que se tiende a la privatización del servicio y que esta sólo beneficia a las empresas y asegurando que los ciudadanos pierden sus derechos de libertad al poder ser registrados y detenidos bajo esta ley. También aseguran que la nueva norma supondrá una preocupante «ruptura» de la concepción de la seguridad pública, calificando también de preocupante el poder que tendrán las empresas de seguridad privada que les permitirá tener no sólo vigilantes sino auxiliares con un salario menor que implicará una reducción salarial en todas las empresas. La Izquierda Plural, en palabras de Ricardo Sixto, también afirma que la nueva ley tiene una tendencia «clarísima» a la privatización de la seguridad.
La ley de Seguridad Privada se remitirá al Senado, en donde se dará continuación a su trámite, y permitirá desde ahora la «vigilancia» y detención o registros en polígonos industriales y urbanizaciones» además de sus vías de uso común, acontecimientos o eventos deportivos, culturales y otros tipos de eventos relevantes.