Las 45 viviendas para mayores, ahora para emergencia social

Propiedad del IVIMA, han estado vacías cinco años

Tras casi dos años y medio en el gobierno municipal, Juan Soler ha firmado a principios de esta semana el convenio que permitirá el uso de las 45 viviendas sociales ubicadas en el barrio de Las Margaritas. La ocupación de dichas viviendas fue una de los primeros objetivos de Soler al tomar el gobierno popular. Sin embargo, la propiedad ubicada en la Avenida de las Ciudades fue planificada en su día para acoger pisos tutelados para mayores, con espacios reservados a lavandería, comedor y centro médico, que debían ser sufragados por la Comunidad de Madrid, gasto que con el cambio de objeto el gobierno regional se ahorraría.

El documento, firmado en Getafe con Ana Gomendio, directora del Instituto Madrileño de la Vivienda, establece que las viviendas, construidas en 2008 y vacías hasta el momento, serán cedidas a personas en situación de emergencia social. Sin proporcionar más información acerca del régimen de ocupación de los futuros inquilinos (pago de alquiler total, parcial o incluso permanencia gratuita), la adjudicación de las viviendas se realizará, según el propio alcalde, en función de las circunstancias de los solicitantes (desahuciados, con cargas familiares, parados de larga duración o según el número de hijos), que disfrutarán de los pisos con carácter temporal. Además, el Consistorio también pondrá a disposición otras diez viviendas en las calles Perate, Lártiga y Buenavista.

Los polémicos aparcamientos
La construcción de las 45 viviendas sociales de la Avenida de las Ciudades fue acordada entre la Comunidad de Madrid y el anterior Gobierno municipal en otro convenio, firmado el 4 de julio de 2002. La obra finalizó en 2008, sin embargo las viviendas han permanecido vacías cinco años por desencuentros entre el Gobierno municipal y la Comunidad de Madrid.

El ejecutivo madrileño exigía al gobierno local el pago de 2,6 millones de euros en concepto de cimentación más el coste de las plazas de garaje vinculadas al Ayuntamiento local (147 de las 215 que posee el inmueble). Por su parte, el ejecutivo de Pedro Castro exigía la liberalización de las plazas de garaje, que por error se clasificaron como protegidas en el acuerdo.

Sin abonar la deuda y sin liberalizar los aparcamientos, el Ayuntamiento no llegó a recepcionar la obra, que quedó descalificada hasta el momento. A pesar de que el actual Gobierno no ha remitido ningún tipo de explicación al respecto, las plazas de garaje se habrían liberalizado con la firma del nuevo convenio, puesto que en los presupuestos de la EMSV se contempla la venta de dichas plazas.