Los vecinos celebran una asamblea con la presencia del diputado Fernández Gordillo y concejales socialistas para tomar medidas al respecto
142 viviendas sociales de Getafe Norte cuyos inquilinos no saben lo que les deparará el futuro. Su actual «casero», el Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) ha incluido su promoción en el paquete de los 1.458 pisos que serán vendidos próximamente a fondos de inversión con un precio de salida de 67.200 millones de euros. La vivienda pública hecha privada. Ahora, este centenar de vecinos se plantea, asustado, en qué medida les afectará la venta de sus hogares, teniendo en cuenta que muchos de ellos no podrían acceder a un alquiler a precio de mercado ni en circunstancias normales y que ahora, muchos de ellos se encuentran en paro.
Por ello, el pasado 30 de octubre representantes de los cuatro bloques afectados convocaron una asamblea informativa en los garajes de la propiedad para debatir sobre la problemática de la venta; reunión que contó con la presencia del diputado Antonio Fernández Gordillo y los concejales socialistas Sara Hernández y José Manuel Vázquez y a la que tuvo ocasión de asistir GETAFE CAPITAL.
Por la prensa, y de casualidad. De esta manera, Antonio Tomás, uno de los cuatro presidentes de la mancomunidad afectada, se enteró de que su promoción de viviendas era una de las que adquiriría un fondo de inversión privado. Ya en primavera y gracias a la modificación previa del Reglamento de Viviendas con Protección Pública, la Comunidad anunció la adjudicación y venta de cerca de 3.000 viviendas por 201 millones de euros a los fondos de inversión extranjeros Goldman Sachs y Azora.
En aquella ocasión, ningún bloque de viviendas sociales de Getafe salió a subasta, pero ello hizo estar alerta a los presidentes de esta, que en septiembre vieron cómo su promoción sí era una de las ofertadas, junto con 21 más de toda la Comunidad de Madrid –Alcalá de Henares (222), Alcorcón (42), Brea de Tajo (13), Galapagar (27), Getafe (142), Leganés (59), Móstoles (352), Parla (79), Pinto (56), Torrejón de Ardoz (151), Villanueva de la Cañada (17) y en Madrid capital (298), distribuidas en cinco distritos (Fuencarral, Puente de Vallecas, San Blas, San Fermín y Ventilla–.
A pesar de que el portavoz del gobierno madrileño Salvador Victoria ha declarado en repetidas ocasiones que «los inquilinos mantendrán las mismas condiciones actuales, se les respetará el alquiler y podrán ejercer el derecho a compra al precio que ya conocen”, lo cierto es que ni estos, ni los representantes socialistas presentes confían en las declaraciones del popular. «No solo se liquida el patrimonio, estos han venido a especular con vuestras viviendas», afirmaba el diputado Fernández Gordillo, «los fondos vienen para hacer caja a costa del patrimonio público. No van a ser los nuevos caseros del IVIMA», insistía.
«¿Por qué actúa el IVIMA como una empresa privada?» o «¿Qué responsabilidades tiene o ha tenido el Ayuntamiento de Getafe?» fueron algunas de las dudas vecinales que más debate crearon en la reunión. Sin embargo, la más preocupante para los vecinos, instalados desde mayo de 1999, era «¿Qué podemos hacer para evitar que nos quiten nuestras casas?». Ese precisamente es el miedo de los 142 inquilinos.
Algunos como Halid Alchalh acudía en representación de sus padres, ambos mayores, preocupado por el posible desembolso de más dinero en el alquiler –su familia es numerosa y tienen concedidos dos pisos en el bloque–. Otros como José Antonio Lipiani, que vive con su mujer, lo tienen muy claro: «hay que crear una mesa de trabajo. El asunto está muy crudo, pero tenemos que luchar».
Por su parte, dos de los presidentes, Antonio Tomás y Antonio Vivancos -este también presidente de la mancomunidad– dicen estar decepcionados por la falta de información al respecto y la falta de unión entre las comunidades que se están encontrando con este tipo de problemas. Además, señalan que la elección de su promoción (y de otras tantas) no es al azar, «el IVIMA ha alegido a buenos pagadores», cuentan, «esta promoción tiene incluso beneficios».
El diputado Gordillo, que ya presta su apoyo a promociones afectadas de la primera venta, ofreció a los vecinos el asesoramiento jurídico del PSM y esperanzó a los vecinos argumentando que el proceso «está vivo, porque las viviendas aún no se han adjudicado», y que a pesar de que «sabemos que nos enfrentamos a gente poderosa, hay muchas cosas que podemos utilizar a nuestro favor», expuso. Los licitadores admitidos por la Mesa de Contratación son (en orden de puntuación obtenida): Guidebridge Capital, Livorno Inversores, Colfin Residenctial Madrid, Fidere Comunidad, Azora Gestión Sgiic, Greenwood Global y Talus Real Estate.
Por lo pronto, tanto el responsable regional como los concejales socialistas recabarán información sobre la promoción de viviendas (contratos, adjudicación de terrenos…) y llevarán a cabo dos procesos diferenciados: «una denuncia por malversación de fondos públicos y una reclamación por la vía penal», ya que los socialistas consideran que el proceso tiene un matiz claramente especulativo. También se planteó la posibilidad de acudir a Pleno en busca del respaldo del resto de fuerzas políticas locales.