Editorial: Tiro mortal a los ayuntamientos

Son los entes más próximos a los ciudadanos, los que acercan y humanizan un conglomerado oficial que permite mantener más cerca a los ciudadanos de la administración pública. Los ayuntamientos cumplen esa función de cohesión social, de asistencia primaria y necesaria para los colectivos más desfavorecidos. Sin ellos, la desigualdad social crecería hasta niveles nunca vistos. Y a los ayuntamientos se les ha disparado al corazón con el proyecto de reforma de la Administración Local que está en ciernes. Los servicios sociales municipales ya tienen fecha de caducidad con esta norma: el 31 de diciembre de 2015. A partir de ese momento habrán tenido que devolver todas las competencias a sus respectivas comunidades autónomas, que serán a partir de ese momento quienes se encarguen de asistir a los más necesitados. Únicamente se permitirá una gestión primaria que finalizará en la derivación a las instancias competentes para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. La norma ha finalizado el trámite en el Congreso y inicia su andadura en el Senado: está previsto que se apruebe antes de final de año. La reforma no gusta ni a propios ni extraños, pero el PP hará valer previsiblemente su mayoría absoluta para sacarla adelante.

El Estado del Bienestar se vertebra desde la base, desde los ayuntamientos, que son las estructuras primarias de asistencia y servicio ciudadano. Es verdad que en los últimos años han asumido una carga que en muchas ocasiones no iba acompañada de la financiación adecuada, pero se ha optado por romper la baraja en lugar de buscar sistemas para conseguir ordenar las cartas. Y el argumento del déficit que se ha puesto sobre la mesa también es erróneo en tanto los Ayuntamientos apenas suponen un 4% del total del déficit nacional, cerrando muchos de ellos con superávit.

Han buscado darle un golpe mortal a los Ayuntamientos, resquebrajar la cohesión social, y aprovechar la crisis económica para acometer una reforma que dejará cojas, ciegas y mancas a las administraciones locales. El camino para la privatización o cesión de servicios a empresas particulares está servida, en aras de la “racionalización del servicio”, que se propugna literalmente en la redacción de la norma. Sanidad y educación también dejarán de ser un asunto de ámbito municipal, y las comunidades asumirán también en exclusiva este servicio. Para esta transferencia se dan cinco años.

Este golpe mortal a los ayuntamientos significará una limitación de la capacidad de gestión municipal, y por ende, un recorte (otro más) para los ciudadanos, que en una situación límite como la actual, se encontrarán las puertas cerradas para ver la solución a sus problemas.