El Punto de Encuentro Familiar condenado al cierre

GETAFE/Reportaje (18/10/2021) – Hay familias que esperan hasta diez meses para tener acceso a las visitas supervisadas que se conciertan en el Punto de Encuentro Familiar de Getafe. Diez meses de desconexión entre progenitores y sus hijos que contribuyen a agravar los problemas subyacentes que han llevado a un juzgado a tener que optar por este sistema de visitas.

Esas 50 familias que durante los fines de semana hacen uso del PEF para las visitas o como punto de entrega y recogida del menor, se quedarán a partir del 7 de diciembre sin este recurso, que el Ayuntamiento de Getafe venía prestando sin competencias desde hace 18 años. ¿La razón? La falta de respuesta del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. “Es una competencia especializada de la Comunidad de Madrid, que es la que debería estar manteniendo los puntos de encuentro”, explica Nieves Sevilla, concejala de Asuntos Sociales de Getafe.

Desde hace 18 años este servicio se presta a cargo de fondos municipales, exclusivamente, pero la nueva ley reguladora obliga a aumentar el personal y los días de servicio (actualmente se presta únicamente los fines de semana). “La nueva ley dice que los ayuntamientos podrán colaborar: pero colaborar no es ponerlo todo”. El servicio pasaría a costar tres veces más: 150.000 euros. “El contrato finaliza el 6 de diciembre. Hay que licitar el nuevo en base a la ley actual”. El problema no es solo económico sino también logístico. “El PEF comparte espacio con el Centro de Atención a las Familias, donde entre semana están los trabajadores de servicios sociales. Con esta ampliación de horarios y de días no cabemos todos y hay que comprar un nuevo local”. Incluso el nuevo espacio estaba ya apalabrado, pero el Ayuntamiento de Getafe decidió parar el expediente a la espera de la respuesta de la Comunidad de Madrid. “Nos han cambiado cinco o seis veces la reunión”, y ya son varios los consejeros regionales a los que les han planteado el problema. La próxima cita, el 14 de octubre.

Pero las fechas son tan ajustadas que todo aboca al cierre del servicio el 7 de diciembre. Ya se ha comenzado a avisar a las familias y al juzgado para que no deriven más casos. “Si tenemos el compromiso de la Comunidad, inmediatamente sacamos el expediente del cajón y lo ponemos en marcha”, asegura Sevilla, que no pierde la esperanza.

Dieciocho años de historias

Detrás quedan dieciocho años de duro trabajo, que María Jesús Orantes, trabajadora social y coordinadora del servicio en el Ayuntamiento de Getafe, ha vivido desde sus inicios. “Entonces no había muchos puntos de encuentro y fuimos de los primeros. Vimos que existía esa necesidad”. Un piso en el barrio de La Alhóndiga fue su primer emplazamiento. “Era muy acogedor, porque parecía que entrabas en una casa. Pero generaba muchas dificultades porque era un espacio que tenía poca seguridad”. La logística para organizar las visitas o las entregas de menores cuando además existen órdenes de alejamiento, era complicada.

En 2015 se ubicaron en la situación actual en la Avenida de las Ciudades, promoviendo un espacio integral para las familias donde el fin de semana se ubicaba el PEF. La sensación que se le queda a Orantes es de tristeza. “En ningún momento nos hubiéramos planteado cerrar el punto de encuentro o que este servicio no es necesario, porque no es eso”. Pero el Ayuntamiento ya no puede asumir en solitario este coste. En la memoria se quedan cientos de personas que han pasado por ahí en un servicio que es muy difícil. “Encontrarte con niños que dicen que no quieren pasar y tú tienes que conseguir que pasen porque hay una sentencia que dice que tienen que pasar”. Detrás historias siempre difíciles, en ocasiones que se pueden reconducir. “He estado en alguna intervención muy difícil, especialmente difícil. Un caso en concreto a mí me marcó muchísimo: una historia muy difícil y muy trágica”. Los detalles se los guarda para ella.

El punto se organiza al milímetro con las dos personas (ahora una trabajadora social y una psicóloga) que están allí. Vigilan el estado en el que llegan los progenitores no custodios a recoger al menor y están en permanente contacto con la Policía Local por si surge cualquier incidencia. Si es necesario, tienen una atención prioritaria. Organizan las visitas para que el progenitor no custodio llegue antes y entonces se avisa a aquél que tiene que entregar al niño. El objetivo es que en ningún momento se crucen o se genere una situación de riesgo. Ahora, con la nueva legislación será necesario contar por ejemplo, con asesor jurídico o educadores sociales.

Este servicio lo utilizan 50 familias de Getafe, con una amplia lista de espera en las visitas supervisadas, donde un profesional está presente en todo momento “vigilando que no haya un mensaje dañino al niño, ni una manipulación… hay padres o madres que llevan muchos tiempo sin ver a sus hijos y el motivo de ello es un conflicto brutal”. El objetivo es conseguir superar el conflicto y que la relación evolucione hasta pasar a otros niveles. “Hay casos que se enquistan y que se tiran muchos años en el punto de encuentro”, algo que también se va a limitar con la nueva legislación. Incluso se han dado casos de niños muy pequeños que no salen del PEF hasta que cumplen la mayoría de edad.

¿Qué pasará con las familias que tienen su referencia en el PEF de Getafe? Será el juzgado el que determine en cada caso dónde serán derivados los menores. El centro más cercano después de los cierres de Parla, Leganés y ahora Getafe, será el de Alcorcón-Móstoles. A no ser que la Comunidad decida mantenerlo.

HANA JALLOUL LLEVA EL PROBLEMA A LA ASAMBLEA DE MADRID

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul visitó junto a la diputada regional getafense Cristina González y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández el Punto de Encuentro Familiar. “Es un tema que nos duele, pero no solo como socialistas, sino como personas. Es uno de los pocos puntos que hay en la Comunidad de Madrid y es básico para que las familias puedan ver a sus hijos. La ley permite la ampliación del servicio, pero la Comunidad tiene que participar”. Llevó una proposición a la Asamblea para atajar este problema. “Pedimos que la Comunidad de Madrid ayude a que no haya padres que tengan que esperar 10 meses en lista de espera para ver a sus hijos porque aquí no hay ni espacio, ni profesionales suficientes. Me parece una crueldad”.

“Si la Comunidad no escucha, el 6 de diciembre este punto de Encuentro cerrará sus puertas. Y tendrán que desplazarse a otros puntos, como Pinto o Móstoles”, lamenta Sara Hernández, que se se ha comprometido a buscar un nuevo espacio donde ubicar el servicio con los nuevos condicionantes, siempre que la Comunidad se corresponsabilice y financie el gasto en personal.