Tras el acuerdo de Junta de Gobierno del 20 de enero de 2016 en la que el letrado consistorial aseguraba que había «argumentos técnicos y jurídicos para su interposición» el Ayuntamiento de Getafe ha presentado recurso ante la sentencia que condena al consistorio a abonarle al club un mínimo de 4,5 millones de euros, sin perjuicio de que esta cantidad pudiera aumentar por los servicios prestados también en 2015 y el tiempo que se va acumulando de 2016 donde todavía no se ha producido la firma de nuevo convenio ni tampoco anulación expresa del antiguo.
El PP pretende pedir explicaciones en el próximo Pleno al Gobierno municipal por la gestión que ha hecho el PSOE de este asunto, cuando como recoge la propia sentencia, el fallo responde a la pasividad del consistorio en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. «Durante ese periodo gobernado por el PP, no se indicó “ningún signo expreso ni tácito que pudiera determinar que la administración había dado por concluida la relación contractual a 31 de diciembre de 2011”. La propia jueza afirma que se valora “dicha pasividad como contraria a la buena fe y confianza legítima”.
Tras hacer público GETAFE CAPITAL el contenido de la sentencia, el Gobierno municipal ha remitido un informe del director de la Asesoría Jurídica en la que «se recoge que han existido tres procedimientos por parte del Getafe CF contra el Ayuntamiento local. Los letrados que han defendido los intereses de los vecinos, han sido nombrados en las tres ocasiones por el anterior Gobierno del PP», contrariamente a lo que asegura el Partido Popular que atribuye la sentencia en contra a haber cambiado de abogados en la causa. En este caso, la «dirección letrada de este procedimiento fue nombrada en Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2015, a instancias de Fernando Lázaro Soler, antiguo concejal de Hacienda y todavía concejal del PP», explica.