Sospecha de prevaricación en GISA

La turbia contratación (y posterior despido por no superar el periodo de prueba) de dos trabajadores a través de un concurso abierto que generó múltiples dudas y sospechas, se ha llevado a los tribunales por uno de los abogados contratados por la empresa municipal Getafe Iniciativas. Alberto Ganga, interpuso una querella contra la gerente Marisa Gil y la directora general de recursos humanos de GISA, Juana Álvaro, en la que exponía sus sospechas de que se hubiera incurrido en los delitos de malversación y prevaricación. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Getafe ha estimado de momento la causa por prevaricación porque podría vulnerarse la forma y los protocolos para cubrir las plazas de abogado.

El concurso público que se abrió en el mes de junio se formalizó con los criterios de libre concurrencia, publicidad y transparencia para cubrir una sola plaza en la que se pedía el perfil de un abogado en ejercicio para cubrir el puesto. Según reza la querella entre la celebración de la prueba de conocimientos y la fecha en la que se publica la relación de aspirantes que la han superado  «se producen una serie de movimientos en GISA encaminados a intentar la anulación del proceso de selección y presionar para que no aceptase la plaza obtenida». «El fin de todo ello solo tenia un fin, la colocación a dedo de lo que se denomina en el argot político como uno de los nuestros y que había resultado como el segundo aspirante con mayor nota», continúa el querellante.

Finalmente se opta por convocar una segunda plaza de técnico «sin cumplir los requisitos que han de acompañar a toda selección de personal para un puesto cofinanciado por fondos europeos». En el mismo acto en el que se convoca, también se asigna la plaza, y el adjudicatario no cumple los requisitos «porque no es abogado en ejercicio en el momento de asignarse la plaza», defiende Ganga en su querella. La jueza estima que puede existir una «posible implicación en un delito de prevaricación, sin perjuicio de lo que resulte de la ulterior instrucción».

Asimismo se solicita que GISA remita «en el plazo de quince días» los estatutos de constitución de la la empresa municipal GISA, el expediente completo sobre la convocatoria del proceso de selección y el expediente de contratación posterior.