El ‘caso Salazar’ tiene ya tres imputados

Declararán el 29 de enero como imputados por un posible delito de coacciones y una posible falta de maltratos. Miguel Garzón, actual jefe de Gabinete de Alcaldía que a partir del 1 de enero ocupará el puesto de gerente de GISA, y los dos escoltas del alcalde, Juan Soler, que participaron en los hechos que se produjeron tras el cese del asesor del Mayor, Rafael Salazar, han sido llamados a declararcomo imputados por el juzgado de Instrucción número 3 de Getafe. También se ha reclamado al Ayuntamiento que explique las condiciones de uso del teléfono móvil que le incautaron, la acreditación documental de la entrega y la retirada del aparato, así como el destino dado a ese teléfono.

Rafael Salazar fue despedido de manera abrupta por el alcalde y finalizó en urgencias con un ataque de ansiedad, en una narración que parece más propia de una telenovela. A Salazar se le exige que entregue inmediatamente el móvil del consistorio, algo a lo que en un primer momento se niega. Son el jefe del Gabinete, Miguel Garzón, y los escoltas del regidor los que insisten reiteradamente al ya excargo de confianza para que su dispositivo sea entregado sin dilación. Los gritos en el hall de la segunda planta se pueden oír por todo el edificio, según testigos presentes. El móvil, que estaba en el bolsillo del pantalón de Salazar, finalmente es aprehendido, mientras el asesor acaba en el suelo con un ataque de ansiedad por lo sucedido.

En la denuncia presentada relata detalladamente los hechos que acontecieron. Fue en el pasillo de acceso al despacho del alcalde donde «fue abordado por el jefe del Gabinete y los dos escoltas armados […]. Todos ellos impidieron salir libremente al denunciante agrediéndolo a empellones y siendo retenido contra su voluntad por los denunciados, quienes le amenazaban y le gritaban que entregase el móvil”. Salazar tuvo un ataque de pánico “cayendo al suelo, pidiendo auxilio y una ambulancia”. Según la versión explicada en la denuncia a la que ha tenido acceso GETAFE CAPITAL uno de los escoltas advirtió que “a ver si vamos a tener problemas”, por lo que decidieron sacarle a la zona común.

Salazar pidió auxilio a gritos y fueron los concejales Esperanza Fernández (UPyD) y Enrique Heras (PSOE) los que acudieron a ver qué sucedía. Miguel Garzón, ante varios testigos les dijo a los escoltas “Sacadlo de las dependencias pero antes cogedle el móvil”. Ni siquiera pudo ir al lavabo solo para vomitar, y uno de los escoltas impidió que cerrara la puerta. “Acto seguido lo registró ilegalmente, sustrayéndole el móvil del bolsillo trasero y marchándose a continuación”.

El dispositivo, propiedad del Ayuntamiento, debe ser devuelto por el usuario, en este caso Rafa Salazar, pero el denunciante asegura que “el procedimiento legal de devolución es la entrega del poseedor cuando cesa en su función en el departamento correspondiente de régimen interior con las garantías legales establecidas y de protección de datos y no utilizando la fuerza, la coacción y el registro ilegal de una persona y sus pertenencias”.

Desde el Gabinete de prensa se aseguró que Rafa Salazar tiene “un desequilibrio personal. Lamentamos que se haya inventado todo”. Unas declaraciones que también le valieron la crítica de asociaciones de enfermos mentales como AFEM, que lleva 20 años luchando contra la estigmatización de estas enfermedades.