El Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe inicia hoy las sesiones del juicio oral por un presunto delito de prevaricación contra el exalcalde socialista de Leganés José Luis Pérez Ráez, siete de sus exconcejales entre 2003 y 2007 y la exdirectora de Servicios Informáticos del Ayuntamiento, V.M., por el caso Cuadrifolio. Las sesiones se realizarán el miércoles y jueves, a partir de las 10.30 horas y en ellas están procesados también los exconcejales Margarita Pedruelo, Mariano Maroto, Florencio Izquierdo, Yolanda Sevilla, Francisco Arroyo, Rita Salinas y Antonio García.
El caso se incia con el pago en la última junta de Gobierno de la legislatura de una factura de 101.478 euros a la empresa Cuadrifolio. La acusación asegura que no se respetó la prelación de pagos y que el material no se conoce su ubicación. Los hechos los denunció estando en la oposición el actual alcalde de Leganés, Jesús Gómez.
En octubre de 2009, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) argumentó que había indicios de delito en el caso y afirmó, en los fundamentos de derecho del auto, que los exediles que participaron en la Junta de Gobierno donde se aprobó el pago fueron «ilustrados de las anomalías en que incurrían» por parte de Intervención y del secretario municipal.
Pérez Ráez fue llamado a declarar, así como los exconcejales que participaron en la Junta de Gobierno. Tras ello, prestó declaración el exconcejal de Hacienda Antonio García, que fue el responsable que elevó a la Junta de Gobierno local el pago porque, según declaró, contó con un informe favorable de un técnico, concretamente de la exdirectora de los Servicios de Información del Consistorio, Virgina M., quien también declaró ante el TSJM.
Ya en abril de 2010, el TSJM decidió el archivo en un auto de cinco páginas que concluía que «los hechos no son integrantes de delito alguno» y que remarcaba que procedía el archivo de las diligencias al no estar «personado en el proceso acusación particular alguna».
Tras el recurso de apelación del PP, la Sala de lo Civil y lo Penal estimó el recurso el 13 de octubre y autorizó la apertura de juicio oral.
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